En CM Abogados, despacho especializado en Derecho de Familia y liquidación de patrimonios en Madrid, analizamos las principales alternativas para gestionar la vivienda familiar y el préstamo hipotecario tras la ruptura.

Uso de la vivienda y titularidad del inmueble

Uno de los errores más habituales consiste en confundir la propiedad de la vivienda con el derecho a utilizarla.

La titularidad determina quién es propietario del inmueble y en qué porcentaje. El derecho de uso establece quién puede residir en la vivienda después de la separación o del divorcio.

Por tanto, que la casa pertenezca a ambos cónyuges no significa necesariamente que los dos puedan continuar utilizándola en las mismas condiciones. Del mismo modo, atribuir el uso a uno de ellos no lo convierte automáticamente en propietario exclusivo.

¿Quién se queda en la vivienda cuando hay hijos menores?

Cuando existen hijos menores, las decisiones sobre el uso de la vivienda familiar deben atender prioritariamente a su interés y estabilidad.

En situaciones de custodia monoparental, el uso de la vivienda puede atribuirse a los hijos y al progenitor con el que convivan habitualmente. Sin embargo, esta atribución no modifica por sí misma la propiedad del inmueble ni libera al otro cónyuge de las obligaciones hipotecarias asumidas frente al banco.

En los casos de custodia compartida, deben valorarse diferentes circunstancias, como la capacidad económica de los progenitores, la disponibilidad de otras viviendas, las necesidades de los menores y la situación del cónyuge que pueda necesitar una mayor protección.

No existe una solución automática aplicable a todos los divorcios. Cada asunto requiere un análisis individualizado de las circunstancias familiares y patrimoniales.

¿Qué ocurre con la vivienda cuando no hay hijos?

Cuando el matrimonio no tiene hijos menores, el uso de la vivienda puede atribuirse temporalmente al cónyuge cuyo interés resulte más necesitado de protección.

También puede acordarse en el convenio regulador que uno de los cónyuges continúe utilizando el inmueble durante un periodo determinado, hasta que se venda la vivienda o hasta que se produzca otra circunstancia previamente pactada.

Para evitar futuros conflictos, el acuerdo debería establecer de forma clara quién asumirá los gastos, durante cuánto tiempo se mantendrá el uso y qué ocurrirá después con la propiedad.

¿Quién debe pagar la hipoteca después del divorcio?

La separación o el divorcio no modifica automáticamente el contrato firmado con la entidad bancaria.

Si ambos cónyuges aparecen como prestatarios, los dos continúan obligados frente al banco, aunque uno abandone la vivienda o aunque la sentencia atribuya su uso exclusivamente al otro.

Esto significa que un acuerdo entre los excónyuges sobre quién pagará las cuotas no libera por sí mismo al otro titular. Para que una persona deje de responder frente a la entidad financiera, es necesario que el banco acepte expresamente la modificación del préstamo.

Por ello, el convenio regulador debe analizarse conjuntamente con la escritura de propiedad y el contrato hipotecario. Una regulación incompleta puede generar problemas económicos importantes si quien asumió el pago deja de abonar las cuotas.

Diferencia entre la hipoteca y los gastos de uso

La cuota hipotecaria está vinculada a la financiación utilizada para adquirir el inmueble. Los suministros y determinados gastos ordinarios están relacionados con su utilización diaria.

Por esta razón, los consumos de electricidad, agua, gas, internet y otros servicios suelen corresponder a la persona que reside en la vivienda.

Otros gastos, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, las cuotas de la comunidad de propietarios, el seguro, las reparaciones o las derramas, deben analizarse de acuerdo con su naturaleza, la titularidad del inmueble, las resoluciones judiciales y los pactos alcanzados entre las partes.

Resulta recomendable dejar todas estas cuestiones expresamente reguladas para prevenir reclamaciones posteriores.

Extinción de condominio: adjudicar la vivienda a uno de los cónyuges

La extinción de condominio permite que uno de los copropietarios se adjudique la totalidad de la vivienda y compense económicamente al otro por el valor de su participación.

Para calcular la compensación deben tenerse en cuenta el valor actual del inmueble, el capital hipotecario pendiente, el porcentaje de propiedad de cada parte y las aportaciones que puedan acreditarse.

Por ejemplo, si la vivienda pertenece a ambos por partes iguales, deberá calcularse su valor neto descontando la deuda pendiente. La persona que se adjudique el inmueble compensará a la otra por la parte que le corresponda.

Esta operación permite poner fin a la copropiedad, pero no elimina automáticamente al cónyuge que cede su participación del préstamo hipotecario.

El banco debe aceptar la salida de uno de los titulares

Para que uno de los excónyuges quede liberado de la hipoteca, la entidad bancaria debe aprobar una novación del préstamo.

El banco analizará si la persona que desea asumir la deuda en solitario cuenta con ingresos y solvencia suficientes. También puede solicitar nuevas garantías, avalistas o una modificación de las condiciones económicas.

Aunque la sentencia de divorcio o el convenio regulador establezcan que uno de los cónyuges asumirá el préstamo, esa decisión no obliga a la entidad financiera a retirar al otro titular.

Mientras el banco no acepte expresamente la modificación, ambos continuarán respondiendo del pago según las condiciones del contrato hipotecario.

Venta de la vivienda a un tercero

Cuando ninguna de las partes desea o puede quedarse con el inmueble, la venta a un tercero puede ser la alternativa más sencilla para romper el vínculo patrimonial.

Con el precio obtenido se cancela la hipoteca pendiente y se abonan los gastos asociados a la operación. El importe restante se reparte entre los propietarios de acuerdo con sus porcentajes de titularidad, salvo que exista un pacto o una resolución que establezca otra distribución.

Antes de la venta conviene acordar el precio, la elección de la agencia inmobiliaria, la gestión de las visitas, el reparto de los gastos y la forma de aceptar una oferta.

También es recomendable solicitar al banco información actualizada sobre el capital pendiente y los costes de cancelación.

Liquidación de la sociedad de gananciales

Cuando la vivienda pertenece a la sociedad de gananciales, puede incluirse dentro del procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial.

En este proceso se realiza un inventario del activo y del pasivo, se valoran los bienes y las deudas y se procede a su adjudicación. La vivienda puede atribuirse a uno de los cónyuges, compensando al otro con dinero u otros bienes, o venderse para repartir el resultado.

La liquidación puede realizarse de mutuo acuerdo o, si existen discrepancias, mediante un procedimiento judicial.

Al preparar la liquidación deben tenerse en cuenta no solo la vivienda y la hipoteca, sino también las cuentas bancarias, vehículos, préstamos, negocios, créditos entre cónyuges y cualquier otro elemento patrimonial relevante.

División de cosa común cuando no existe acuerdo

Ningún copropietario está obligado a permanecer indefinidamente en una comunidad de bienes.

Si uno de los titulares quiere vender o extinguir la copropiedad y el otro se niega, puede promoverse una acción de división de cosa común.

Cuando el inmueble no puede dividirse físicamente sin perder su utilidad o valor, puede adjudicarse a uno de los propietarios con la correspondiente compensación o procederse a su venta. Si el desacuerdo persiste, el procedimiento puede terminar con la subasta del inmueble.

La subasta judicial puede resultar menos beneficiosa que una venta pactada en el mercado, por lo que suele ser conveniente intentar previamente una negociación.

¿Puede obligarse a un excónyuge a vender la casa?

Un copropietario puede solicitar el fin de la copropiedad, aunque el otro no quiera vender.

No obstante, antes de iniciar un procedimiento judicial conviene estudiar alternativas como la compra de la participación, la extinción de condominio, la venta acordada a un tercero o la mediación.

Una negociación bien estructurada puede evitar los costes, los plazos y la incertidumbre asociados a la división judicial del inmueble.

Fiscalidad de la extinción de condominio

La extinción de condominio y la compraventa son operaciones distintas y pueden tener un tratamiento fiscal diferente.

La tributación dependerá de la forma en que se realice la adjudicación, del valor declarado, de la compensación económica, de la existencia de excesos de adjudicación y de las circunstancias concretas de la propiedad.

También deben valorarse otros posibles efectos fiscales, como la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o la plusvalía municipal.

Antes de formalizar la operación, resulta recomendable estudiar conjuntamente las consecuencias civiles, hipotecarias y fiscales.

¿Qué sucede si uno de los excónyuges deja de pagar?

Si ambos figuran como titulares del préstamo y uno deja de pagar su parte, el banco puede reclamar la cuota pendiente conforme a las obligaciones asumidas en el contrato.

La persona que abone una cantidad superior a la que le corresponde puede reclamar posteriormente al otro titular las cantidades pagadas por su cuenta, siempre que pueda acreditarlas.

Para ello, es importante conservar los justificantes bancarios, recibos, comunicaciones y cualquier documento relacionado con los pagos.

El incumplimiento continuado también puede provocar intereses de demora, reclamaciones judiciales, inclusión en registros de morosidad y, en los casos más graves, la ejecución hipotecaria.

¿Qué debe incluir el convenio regulador?

Cuando existe una vivienda hipotecada, el convenio regulador debería establecer con precisión:

• Quién utilizará la vivienda y durante cuánto tiempo.
• Cómo se repartirán las cuotas hipotecarias.
• Quién asumirá los suministros y los gastos ordinarios.
• Cómo se abonarán los impuestos, seguros, reparaciones y cuotas comunitarias.
• Si está prevista la venta del inmueble.
• Qué plazo existe para intentar una novación hipotecaria.
• Cómo se calculará una posible compensación.
• Qué ocurrirá si alguna de las partes incumple lo pactado.

Una redacción clara ayuda a reducir interpretaciones contradictorias y facilita la reclamación en caso de incumplimiento.

Protege tu patrimonio durante el divorcio

Las decisiones adoptadas sobre la vivienda y la hipoteca pueden tener consecuencias económicas durante muchos años.

Antes de firmar un convenio regulador, aceptar una adjudicación o comprometerse a asumir una deuda, es necesario revisar la escritura de propiedad, el préstamo hipotecario, el régimen económico matrimonial y la capacidad financiera de las partes.

En cmabogado.com asesoramos en divorcios con vivienda e hipoteca en común, negociamos convenios reguladores y estudiamos las distintas opciones para liquidar el patrimonio compartido.

Contacta con nuestro equipo de abogados de familia en Madrid para analizar tu situación y encontrar una solución adaptada a tus necesidades.

En CM Abogados, despacho de abogados penalistas en Madrid especializado en delitos de alcoholemia y seguridad vial, explicamos cómo se desarrolla el procedimiento, cuáles pueden ser las consecuencias y qué opciones legales existen para defender tus derechos y proteger tu permiso de conducir.

¿Cuándo se considera delito conducir bajo los efectos del alcohol?

El artículo 379.2 del Código Penal establece que comete un delito contra la seguridad vial quien conduce un vehículo a motor o ciclomotor con una tasa de alcohol superior a:

• 0,60 miligramos por litro de aire espirado.
• 1,2 gramos por litro de alcohol en sangre.

También pueden existir consecuencias penales con tasas inferiores cuando se acredita que el alcohol afectaba de forma efectiva a la capacidad de conducción. Para determinarlo, pueden tenerse en cuenta los síntomas observados por los agentes, la forma de conducir, la existencia de maniobras irregulares o la producción de un accidente.

Por este motivo, el resultado del etilómetro no siempre es el único elemento relevante. El atestado policial, la descripción de los síntomas y las circunstancias concretas del control pueden resultar determinantes para valorar la estrategia de defensa.

¿Qué penas puede conllevar un delito de alcoholemia?

La condena por conducción bajo los efectos del alcohol puede incluir la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un periodo de uno a cuatro años.

Además, puede imponerse una de las siguientes penas:

• Prisión de tres a seis meses.
• Multa de seis a doce meses.
• Trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La pena concreta dependerá de las circunstancias del caso, la tasa obtenida, la existencia de antecedentes, la forma de conducción, la posible producción de un accidente y la estrategia seguida durante el procedimiento.

¿Cómo funciona un juicio rápido por alcoholemia en Madrid?

Después de obtener un resultado positivo, la Policía Municipal, la Policía Local o la Guardia Civil elaboran el correspondiente atestado y pueden entregar al conductor una citación para comparecer ante el Juzgado de Guardia.

Cuando los hechos ocurren en la ciudad de Madrid, estos procedimientos suelen tramitarse en los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla. Si el control se realiza en otro municipio de la Comunidad de Madrid, el asunto se remitirá al partido judicial correspondiente.

La principal característica del juicio rápido es la brevedad de sus plazos. La comparecencia puede celebrarse pocos días después del control e, incluso, en determinadas circunstancias, en un periodo de tiempo todavía menor. Por ello, resulta recomendable contactar cuanto antes con un abogado penalista especializado en alcoholemias.

Una actuación temprana permite estudiar el atestado, revisar las pruebas practicadas y decidir si resulta conveniente negociar una conformidad o preparar la defensa para la celebración de un juicio.

La conformidad y la reducción de la pena

Cuando las pruebas son claras y no se aprecian irregularidades relevantes, puede valorarse la posibilidad de alcanzar una conformidad con el Ministerio Fiscal en el propio Juzgado de Guardia.

La conformidad implica reconocer los hechos y aceptar la pena solicitada, aplicándose una reducción de un tercio sobre la condena. Esta rebaja afecta tanto a la privación del permiso de conducir como a la multa, los trabajos en beneficio de la comunidad o la pena de prisión solicitada.

Por ejemplo, si el Ministerio Fiscal solicita doce meses de retirada del permiso de conducir, la reducción de un tercio puede dejar la condena en ocho meses. No obstante, aceptar una conformidad genera antecedentes penales, por lo que la decisión debe tomarse después de analizar el atestado y conocer todas sus consecuencias.

Impugnación del atestado y defensa en juicio

Cuando existen dudas sobre la fiabilidad de las pruebas, defectos en el procedimiento o elementos que permiten discutir la acusación, puede resultar aconsejable no aceptar la conformidad y preparar la defensa para el juicio.

Entre los aspectos que deben revisarse se encuentran los siguientes:

Márgenes de error del etilómetro

Es necesario comprobar el tipo de aparato utilizado, su fecha de verificación, la vigencia de los controles metrológicos y la correcta aplicación del margen de error correspondiente.

Cuando la tasa se encuentra próxima al límite penal, la aplicación adecuada de estos márgenes puede ser especialmente relevante.

Intervalo entre las dos pruebas

Habitualmente se realizan dos mediciones de alcoholemia. Entre ambas debe respetarse el intervalo establecido legalmente, por lo que conviene revisar la hora exacta de cada prueba y comprobar que el procedimiento se desarrolló correctamente.

Síntomas apreciados por los agentes

El atestado suele incluir una descripción de síntomas como olor a alcohol, habla pastosa, ojos enrojecidos, comportamiento alterado o dificultades de coordinación.

La ausencia de síntomas, una conducción correcta o la existencia de contradicciones en el atestado pueden resultar relevantes, especialmente cuando la acusación pretende acreditar que el conductor se encontraba bajo la influencia del alcohol.

Certificados y documentación del aparato

También debe comprobarse que el etilómetro contaba con los certificados, verificaciones y revisiones exigibles. La documentación técnica puede ayudar a determinar si las mediciones ofrecen garantías suficientes para sustentar una condena.

Circunstancias del control

No es lo mismo un control preventivo que una intervención motivada por una conducción irregular o por un accidente. El contexto en el que se realizaron las pruebas puede influir en la valoración del caso y en la estrategia de defensa.

¿Es obligatorio acudir con abogado al juicio rápido?

Sí. En los procedimientos por delitos contra la seguridad vial es obligatoria la asistencia letrada.

Aunque puede designarse un abogado de oficio, contar previamente con un abogado particular especializado en juicios rápidos por alcoholemia permite estudiar el atestado antes de la comparecencia, explicar las consecuencias de cada alternativa y preparar una estrategia individualizada.

La decisión de aceptar una conformidad o continuar el procedimiento no debería tomarse sin conocer las pruebas existentes y las consecuencias personales, profesionales y económicas de la condena.

¿Se puede fraccionar la retirada del permiso de conducir?

Con carácter general, la privación del derecho a conducir debe cumplirse de manera continuada durante el periodo establecido en la sentencia.

Las necesidades laborales o familiares no permiten, por sí solas, conducir durante determinados días u horarios. Tampoco es posible utilizar el permiso exclusivamente para desplazamientos profesionales si existe una condena firme de privación del derecho a conducir.

Conducir durante el periodo de retirada puede dar lugar a un nuevo delito, por lo que es importante conocer con exactitud la fecha de inicio y finalización de la condena.

¿Qué sucede si el conductor se niega a realizar la prueba?

La negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia puede constituir un delito independiente, regulado en el artículo 383 del Código Penal.

Este delito puede castigarse con una pena de prisión de seis meses a un año y con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un periodo de uno a cuatro años.

Además, dependiendo de las circunstancias, la negativa puede coexistir con una acusación por conducción bajo la influencia del alcohol. Por ello, negarse a realizar la prueba no evita necesariamente el procedimiento penal y puede agravar considerablemente la situación jurídica.

¿Una condena por alcoholemia genera antecedentes penales?

Sí. Una sentencia condenatoria por un delito de alcoholemia genera antecedentes penales, aunque se haya alcanzado una conformidad en el Juzgado de Guardia.

Estos antecedentes pueden cancelarse una vez cumplida la condena y transcurrido el plazo legal correspondiente sin cometer nuevos delitos. El plazo dependerá de la pena impuesta y comenzará a computarse cuando todas las responsabilidades hayan quedado extinguidas.

El abogado puede informar sobre los requisitos y tramitar posteriormente la solicitud de cancelación.

Defensa penal urgente por alcoholemia en Madrid

Afrontar un juicio rápido sin haber analizado previamente el atestado puede llevar al conductor a aceptar una condena sin conocer todas las alternativas disponibles.

En cmabogado.com estudiamos las tasas obtenidas, los márgenes de error, los certificados del etilómetro, los síntomas reflejados por los agentes y el resto de las circunstancias del procedimiento. A partir de este análisis, valoramos si conviene negociar una conformidad o defender el asunto en juicio.

Si has recibido una citación por un delito de alcoholemia en Madrid, contacta con nuestro equipo para preparar tu defensa penal desde el primer momento.

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Contar con un abogado especializado en procesos matrimoniales es esencial para asegurar que tus derechos sean protegidos y que el proceso se lleve a cabo de manera justa y eficiente. Si te encuentras en medio de un proceso de divorcio o separación, no dudes en consultar con un abogado experto que pueda ofrecerte la orientación y el apoyo que necesitas.

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Afrontar un proceso penal es complicado, pero con el asesoramiento legal adecuado y un enfoque estratégico, puedes proteger tus derechos y aumentar las posibilidades de un resultado favorable. Si estás involucrado en un proceso penal, es esencial contar con un abogado especializado en Derecho Penal que te guíe y te brinde el apoyo necesario.